jueves, 21 de mayo de 2009

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE VENEZUELA

APUCV APULA APUZ APUCLA APUDO APUSB APUC APUNET APUNELLEZ APUNESR
APAUNA APUNELLARG APUNEFM APUNERMB APUNEG APROUPEL APUNEXPO APUNESUR

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

La Federación de Asociaciones de Profesoras y profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), organización gremial de carácter nacional que aglutina a más de 40.000 docentes de Educación Superior, se dirige a la Nación a los fines de dar a conocer un conjunto de consideraciones en relación con la delicada situación que hoy confrontan la soberanía nacional, las libertades públicas y los derechos humanos, sociales, laborales y políticos en nuestro país. Esto lo hacemos en estricto cumplimiento de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley de Universidades y de nuestros Principios de Éticos.

Cesión de soberanía

Observamos con gran preocupación el impulso de un conjunto de políticas, que no han sido consultadas con el pueblo, las universidades ni la Fuerza Armada, las cuales contrarían los valores de nuestra tradición republicana y nuestras luchas por la Independencia, la paz y la libertad, a la vez que ponen en peligro intereses estratégicos de la Nación. Entre ellas destacan:

Ejército de ocupación
La presencia de un auténtico ejército de ocupación en el territorio nacional, formado por ciudadanos de nacionalidad cubana que responden a los intereses y mandatos del gobierno de su país, constituye de hecho, una cesión de soberanía en áreas vitales como la seguridad y la educación. A casi 200 años de nuestra independencia, el magisterio venezolano está siendo sometido al tutelaje ideológico, político y administrativo de este ejército extranjero. Por razones de dignidad personal y nacional, rechazamos este intervencionismo descarado que pone en peligro las grandes conquistas del pueblo venezolano en sus heroicas luchas.

El Golfo de Venezuela
Las reiteradas tentativas denunciadas y frustradas de llegar a un acuerdo sobre el Golfo de Venezuela, de espaldas a la opinión pública nacional, constituyen otra manifestación de renuncia a nuestra soberanía. Entre ellas destaca la tesis del condominio (explotación conjunta) de Colombia y Guyana sobre el Golfo de Venezuela y el Territorio Esequibo, respectivamente, tal como lo expresamos en remitido público de fecha: 03-11-07, El Nacional, cuerpo “Ciudadanos”p.7.

Minerales estratégicos
Las firmas de convenios internacionales relacionados con la probable exportación de minerales estratégicos como el uranio y el torio, aunque se anuncian con fines pacíficos, pueden contribuir con las tentativas de otros países de revivir el armamentismo nuclear, en desmedro de la seguridad y la vida en nuestro país y en el mundo. Un ejemplo, la Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la Cooperación en el Área del Uso de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos (Gaceta Oficial N° 139.170, de fecha 04-05-09). Es nuestra posición que Venezuela y América Latina en general, deben continuar siendo zona no nuclear. Así lo consagra nuestra Constitución Nacional en su preámbulo y en el Art. 129, en clara correspondencia con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 1° de julio de 1968 y el Tratado sobre Prohibición de Armas de los países de América Latina en el que Venezuela se declara Zona No Nuclear.

Transferencia de recursos
El intervencionismo de Venezuela en otros países y la entrega, para usufructo de gobiernos extranjeros, de nuestra renta petrolera, patrimonio colectivo de las actuales y futuras generaciones venezolanas, que no puede ser de uso discrecional de Presidente ni de gobierno alguno, posterga la solución del drama social nacional y frena nuestro desarrollo. Al mismo tiempo, nuestra soberanía económica se pone en serio peligro con la entrega a las multinacionales del 40% de nuestros yacimientos de petróleo a través de las empresas mixtas, lo que constituye un retroceso en las conquistas históricas de la sociedad venezolana en relación con la explotación de su principal industria.

Déficit de democracia

El Estado venezolano dista cada vez más de ser el agente de transformación de Venezuela en un país regido por la justicia social y la democracia, que proyecta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas que ella consagra, pasaron de ser demandas de las luchas del pueblo venezolano en las últimas décadas, a letra muerta, en virtud de la práctica gubernamental de incumplirlos y violarlos sistemáticamente.

Menoscabo de la descentralización y de la democracia participativa
Plasmadas en el texto constitucional y ratificadas en el referendo de 2007, tanto la descentralización como la democracia participativa están siendo sustituidas en la práctica por un centralismo asfixiante, ante el cual se inclinan todos los poderes públicos -reducidos a meros instrumentos del Poder Ejecutivo-, que despoja de atribuciones y recursos a los estados y municipios, se burla de la voluntad popular expresada electoralmente y a través de la protesta, castiga el disenso e impone autoridades carentes de legitimidad como ha ocurrido recientemente en la capital de la República.

Violación de los derechos humanos y el derecho a la protesta
La Constitución de 1999 le otorga el máximo rango a los derechos humanos. La práctica gubernamental parece menospreciarlos. En el último año, los cuerpos represivos del Estado asesinaron seis manifestantes, la mitad de ellos estudiantes, dos trabajadores y un vecino, en protestas diversas en el país, sin que nadie haya castigado a quienes dieron la orden de salir a reprimir esos eventos con armas de fuego, lo que está claramente prohibido en la Constitución Nacional. El propio Presidente de la República ordenó no hace mucho reprimir a los estudiantes “con gas del bueno” a pesar de que el Art. 68 de la Constitución lo prohíbe expresamente. No obstante, el pueblo venezolano, fiel a una de sus mejores tradiciones, sigue reivindicando y ejerciendo su derecho a la protesta, cada vez que considera que la situación lo amerita. Según cifras de PROVEA, entre octubre de 2007 y septiembre de 2008, hubo en el país 1.763 manifestaciones de protesta, prevaleciendo en ellas, las demandas de carácter social.

Los principios de equidad y justicia social
La creciente protesta popular en Venezuela es una respuesta a la insensibilidad social de nuestros gobernantes que cada vez se aíslan más en su mundo de fantasía, indiferentes al sufrimiento del pueblo. El peor de los grandes males que hoy aqueja a nuestra sociedad es el saldo alarmante de muertos que causa día a día la violencia delincuencial, mientras los órganos encargados de impartir justicia dejan impunes delitos como los secuestros y los asesinatos. A eso hay que agregar la crisis hospitalaria, el déficit de vivienda, el deterioro de la educación en todos sus niveles y la caída de la matrícula pública de educación básica, la proliferación del trabajo precario y el desempleo, los salarios de hambre, la escasez y la inflación, en medio de una corrupción exacerbada que le permite a la oligarquía política exhibir estilos de vida de gran lujo y ostentación que ofenden a las grandes mayorías. Y mientras se multiplican las carencias sociales que hace diez años le dieron curso a una nueva Constitución, la atención gubernamental se desplaza de los problemas nacionales a las agendas extranjeras.

Se desconocen los derechos políticos y la libertad de expresión
Hoy, en Venezuela, a los dirigentes políticos que discrepan de las ejecutorias gubernamentales, se les insulta, persigue, reprime o inhabilita. Y las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información no se cumplen. Periodistas y medios no gubernamentales son perseguidos y/o silenciados, mientras se obstruye el acceso a las fuentes de información. Ejemplo obvio de lo que afirmamos es el caso de nuestro agremiado, el comunicador social Gustavo Azocar, quien, por expresar sus opiniones, enfrenta en la actualidad un proceso judicial cuyo propósito es amedrentarlo para que se calle.

Se burlan los derechos sindicales
Así mismo, los gremios, sindicatos, colegios profesionales, federaciones de trabajadores y de profesionales, son desconocidos y no se les permite discutir con el Estado-patrón las condiciones y contraprestación al trabajo que realizan sus afiliados, lo cual se pretende resolver con decretos o a través de acuerdos con organizaciones fantasmas que nadie eligió, cuyos directivos están dispuestos a suscribir cualquier cosa que exija el gobierno, aunque eso suponga la violación de la progresividad de derechos laborales establecida en la Constitución Nacional. Por ejemplo, en la Convención Colectiva Marco del personal administrativo y obrero de las universidades, la cláusula de extensión de beneficios, fundamental por años para el logro de importantes mejoras socioeconómicas, no aparece por ningún lado. La volaron. Y en la Asamblea Nacional se cocina una nueva Ley Orgánica del Trabajo que contempla sustituir la libre organización sindical y gremial por “consejos obreros” nombrados por El Dedo.

Acoso al sector de Educación, Ciencia y Tecnología
El sector educativo, universitario, de ciencia y tecnología, es objeto de ataques verbales, presupuestarios y físicos, cada vez mayores.

Violación de la autonomía universitaria
Se desconoce la autonomía de las universidades, se violan sus recintos, se denigra de sus comunidades, se atropellan sus gremios. A pesar del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Expediente Nº. 0445, de fecha 20-07-2000, cuatro universidades permanecen intervenidas: la UNELLARG desde 1999; la UNEFM, desde 1999; la UNESR, desde 2000, y la UNELLEZ desde 2001. Esta última es víctima de un proceso de desarticulación institucional y de violación de los derechos laborales de su personal, en virtud del decreto Nº 5.914, Gaceta Oficial Nº 38.884, de fecha 05 de marzo de 2008. Se aumenta el número de instituciones de Educación Superior de sólo tiza y pizarrón, sin laboratorios, ni prácticas de ningún tipo, con docentes sub-pagados y designados sin pasar por concurso de credenciales ni de oposición.

Cerco presupuestario
El acoso presupuestario se expresa en la asignación para 2009 de un monto igual al de 2005, que no considera crecimiento ni inflación, centraliza ilegalmente en OPSU los incrementos salariales y niega toda posibilidad de apertura de nuevas oportunidades de ingreso a la Educación Superior de calidad que demanda la juventud venezolana y manda la Constitución. Además, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), impuso un recorte con base en el Decreto de “Eliminación del Gasto Suntuario del Sector Público”, que corresponde al 6% del presupuesto universitario global y se traduce en una reducción de 30 a 90% en las partidas de funcionamiento, afectando gravemente las actividades de docencia, investigación y extensión. La adquisición de equipos, plataformas tecnológicas y uso de Internet se somete a la consideración de la Vicepresidencia Ejecutiva, para limitar aún más el desarrollo científico y el libre acceso al conocimiento.

Maltrato al personal docente y de investigación de la Educación Superior
El gobierno evade discutir con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) los necesarios ajustes a través de la correcta aplicación de las Normas de Homologación. Sigue pendiente el pago del retroactivo por ajuste salarial del 30%, correspondiente a los meses de enero a septiembre 2008 y no se ha solicitado el crédito adicional para honrarlo. No hay fecha de pago de la deuda de pasivos desde 1998, ni se han realizado los trámites para el pago de la prima por hogar, el bono alimentario para los profesores eméritos y los 10 días adicionales de bono vacacional a partir del año 2009, que corresponden por extensión de beneficios al personal docente.
Resulta alarmante, además, la política de amedrentamiento para que los investigadores se abstengan de formular cualquier crítica al status quo científico oficialista, como lo demuestra el reciente despido por oficio de Jaime Requena, Profesor Titular del IDEA. El Presidente de la República, sin mostrar soportes de lo que afirma, desvaloriza la labor de nuestros investigadores y desconoce los aportes a la sociedad de las universidades y de instituciones como el IVIC, que han sido pilares de la Ciencia en Venezuela. La Misión Ciencia, por otra parte, ha contribuido con la dispersión y pérdida de eficiencia de los recursos que se destinan al sector sin ofrecer resultados que la justifiquen.

Desprecio de la carrera docente en Educación Básica y Media
Los artículos 102 y 103 de nuestra Carta Magna establecen el derecho a una educación de calidad. Pero el Estado venezolano no garantiza oportunidades similares para alcanzar un elevado nivel educativo, más bien promueve educación de baja calidad para los sectores de menores recursos, razón por la cual se ha profundizado la distribución desigual del acceso al conocimiento. Esto responde a la precaria inversión en el sector, la baja remuneración de la profesión docente, la interrupción de clases, el incumplimiento de los programas de alimentación a la población estudiantil, la dispersión de los recursos de la educación en un sistema paralelo que reparte títulos vacíos y la escasez de docentes calificados por falta de reposición oportuna de los cargos y por la violación del sistema de ascenso e ingreso a la carrera docente establecido en los artículos 104 y 146 de la Constitución, y en los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Educación.
El artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”. En abierta contradicción, con la aplicación de las Resoluciones 003 y 004 (Gaceta Oficial 39.098 del 14/01/09) y 015 (Gaceta Oficial 39.132 del 05/03/09), para la selección de los profesionales de la docencia y evaluación para el reconocimiento de la titularidad de los docentes contratados, recurre a prácticas y parámetros de discriminación político partidista. A eso hay que agregar que los egresados de UPEL y de las carreras de educación de las Universidades Autónomas no tienen ningún acceso a la contratación.


EXIGIMOS

· Defensa de la soberanía e integridad nacional.
· Cumplimiento estricto de las garantías y derechos constitucionales.
· Separación real de poderes y respeto a la descentralización para el ejercicio de la democracia participativa.
· Discusión con los gremios y sindicatos legítimos y representativos.
· Jerarquización de la salud, la educación, la generación de conocimiento y el trabajo en la agenda pública nacional.
· Respeto a la carrera docente.
· Cese inmediato del hostigamiento contra las universidades y restitución de la autonomía a las universidades intervenidas.
· Respeto a la integridad académica e institucional de UNELLEZ.
· Asignar los recursos presupuestarios requeridos para el normal funcionamiento de las Universidades, así como para la ampliación y diversificación de la oferta en la Educación Superior; y superación del cerco presupuestario.
· Mantener la condición de Internet como prioritaria, establecida en el Decreto N° 825 y negada en el 6.649 sobre eliminación del gasto suntuario.
· Cumplimiento de la normativa legal vigente que regula la materia salarial del sector universitario, como lo son las Normas de Homologación; reivindicaciones por extensión de derechos laborales, como la prima de hogar para el personal docente de las universidades, 10 días adicionales de bono vacacional y el bono de salud para los profesores jubilados y pensionados; y pago de las deudas por pasivos desde 1998, y por retroactivo del anticipo de ajuste salarial de 30% correspondiente a 2008.


La bonanza petrolera que vivió el país en los últimos años, permitía tomar previsiones para cubrir los efectos de esta crisis financiera sin atentar contra las instituciones universitarias, la educación, la salud y las condiciones de trabajo de los venezolanos. Hoy, con el pretexto de la crisis se afectan derechos fundamentales del pueblo venezolano, como salud, educación y trabajo, pero continúa el despilfarro, las donaciones exorbitantes a otros gobiernos, los viajes fastuosos con enormes comitivas y la corrupción.


APUCV APULA APUCLA APUDO MONÁGAS APUDO NUEVA ESPARTA APUDO ANZOATEGUI APUDO BOLÍVAR APUSB APUC APUNET APUNELLEZ APUNESR APAUNA APUNEFM APUNERMB APUNEG APROUPEL APUNEXPO BARQUISIMETO APUNEXO L.C.M. APUNEXPO GUAYANA APUNESUR


JUNTA DIRECTIVA


“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
fapuv@cantv.net www.fapuv.org.ve

3 comentarios:

Carlos E. Mora dijo...

Como egresado de la UCV-Psicología, me uno a la preocupación que motiva este comunicado. Me enorgullece que a pesar del cerco y la irresponsabilidad del gobierno, las voces de la racionalidad sigan entonando su canto de esperanza.

Como venezolano residenciado en el exterior (Ann Arbor, Michigan, EEUU) quisiera contribuir a la difusión de este mensaje y las diligencias que generan simpatía y solidaridad en otras universidades delmundo.

marilin dijo...

En muchos de los planteamientos de este comunicado la FAPUV tiene razón. El problema está en que las Universidades dejaron de ser, hace mucho tiempo, reservas morales de nuestro país y se convirtieron en cenáculos donde unos pocos disfrutan de todos los privilegios. Es grosero, por ejemplo, el juego financiero de las autoridades con los dineros de los docentes, empleados y obreros universitarios, el reparto de bonos, la compra-venta de cupos pública y vergonzante, el reparto de comisiones, becas, nóminas paralelas, bonos, etc. Esto y otras cosas han hecho que nuestras universidades pierdan la autoridad moral que alguna vez tuvieron para formular críticas, condenar conductas o proponer soluciones que beneficien al colectivo venezolano. La Universidad se aisló del pueblo y no puede ahora pedirle apoyo en sus luchas. Por eso, el gobierno no tendrá necesidad expresa de intervenirlas ni allanarlas, ellas solas explotarán desde adentro. Están promoviendo su propia destrucción. Eso ocurrirá más temprano que tarde, lamentablemente. Es doloroso, pero si no son capaces de generar sus propios mecanismos de cambios, se los llevará el huracán que sopla desde afuera y, créanme la Casa Más Alta, tiene las paredes de papel. Marilin.

Prudencio dijo...

El despido del Dr. Requena está ajustado y fundamentado en la ley.

Ante la campaña de descrédito y falsedades desatadas en contra de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA por los medios de oposición a raíz del despido del Dr. Jaime Requena, es conveniente que la opinión pública nacional e internacional conozca la realidad de los acontecimientos.

En primer lugar, el despido del citado Requena se debe a tres causales, cualquiera de ellas suficientes para tomar la decisión asumida:

(a) Trabajaba en dos sitios simultáneamente, en el IDEA (como profesor titular) y en la Fundación de la Universidad Metropolitana (UNIMET), en esta última como Gerente General y Secretario de Actas

(b) Abandono del trabajo en repetidas oportunidades sin autorización de su supervisor

(c) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, manifestada en su petición oficial de adquirir para el IDEA un software desarrollado por él mismo en su otro trabajo, en la Fundación de la UNIMET.

Otro elemento que alega la matriz de opinión mediática, en su defensa, es que no se le abrió un expediente administrativo antes de su despido. Al respecto se aclara que los derechos de los trabajadores de IDEA, en tanto que Fundación, se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, el procedimiento legal para tomar la decisión de despido – por no ser el Dr. Requena funcionario público – no contempla la apertura previa de expediente administrativo. Ello no excluye de ninguna manera la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, garantizado por las instituciones democráticas del Estado venezolano

Planteadas las verdaderas razones por las cuales se despidió al Dr. Requena, vale la pena resaltar que las causales de esta medida están lejos de ser de orden político, como pretende hacer creer el investigador. En el IDEA, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pensamiento político es libre. En este sentido, la destitución en cuestión está enmarcada en el más estricto apego a la ley.

Finalmente, la Fundación IDEA rechaza enfáticamente la manipulación, tanto nacional como internacional, que se ha pretendido hacer de este caso. Manipulación que consiste en transformar faltas laborales graves en el plano ético-jurídico, en banderas políticas de la oposición venezolana.
PCH