FAPUV, como organismo gremial nacional de los profesores y profesoras de las universidades nacionales, ha asumido históricamente su defensa y la lucha por su bienestar, sin distingos de ninguna naturaleza. Quienes ejercemos la docencia en las universidades, y quienes por haberla ejercido durante gran parte de su vida disfrutan de una bien ganada y merecida jubilación, tienen los mismos derechos y beneficios para el gremio. Defender este principio es nuestro deber y constituye el punto de partida de nuestra posición en relación con la decisión tomada por el CNU en su reunión de fecha 31-07-08, consistente en la aplicación parcial de una norma de la Ley Orgánica de Seguridad Social, para la suspensión de los aportes del personal docente jubilado a los Fondos de Pensiones y Jubilaciones y el reintegro de su aportes de 2003 en adelante.
Para una mejor comprensión del problema, es preciso recordar que la reglamentación del régimen de pensiones y jubilaciones por parte de las universidades, de acuerdo con sus facultades, tiene su origen legal en el artículo 102 de la Ley de Universidades. En 1976, el CNU dictó las pautas para la creación en cada universidad de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones con recursos de la institución provenientes del presupuesto, y aportes de los profesores, tanto activos como jubilados. El objeto único y exclusivo de los fondos era y es, claramente, el pago de las pensiones y jubilaciones causadas, por taquilla propia. Cada una de las universidades que asumió esta pauta de creación del Fondo, dictó su propio Reglamento, donde este objeto es expreso.
En su reglamentación del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, las universidades establecieron, además, cómo se integra la Junta Directiva del Fondo y definieron un porcentaje de contribución por parte de los profesores, lo cual varía de una institución a otra. El agente de retención de esta contribución son las universidades, no los fondos. En cuanto a la personalidad jurídica, algunos fondos son asociaciones, otros son fundaciones. Una disposición establece que hasta que los fondos puedan pagar la totalidad de las pensiones, las universidades continuarán haciéndolo, y los fondos deberán ayudar a las universidades con un porcentaje de su utilidad neta. Algunos fondos lo han hecho, otros no; así como algunas universidades aportan a los fondos y otras no. Y muchos fondos sólo conocen el monto global de la retención que hacen las universidades. La realidad es, como se puede apreciar, bastante más compleja de lo que parece comprender el CNU cuando toma la decisión que tomó.
En esta circunstancia, FAPUV no está entrando a considerar, analizar o defender las particularidades de cada Fondo. Lo que nos planteamos como gremio nacional, porque peligra gravemente con esta decisión del CNU, es la defensa del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de las Universidades Nacionales. Si lo perdemos, el próximo paso del gobierno será pasar al personal docente jubilado al Ministerio de Finanzas –propósito éste que no es ningún secreto-, y quitarle o limitarle sus derechos políticos en las universidades. Es decir, sacarlo de la comunidad universitaria. ¿A cambio de qué? De 4, de 5 millones de bolívares que no van a resolver tampoco la situación dramática que viven nuestros jubilados, producto de la nefasta política de congelación del salario, es decir, de disminución acelerada de nuestro salario real, que mantiene el gobierno nacional.
Esta decisión del CNU no sólo puede acabar con nuestro Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Si los consejos universitarios deciden instrumentarla, estarán abriendo las compuertas para la desaparición de la Seguridad Social del Personal Docente de las Universidades, conquistada a través años de lucha y trabajo gremial, y que todavía disfrutamos, precisamente, debido a esa perseverancia, ese esfuerzo y ese constante batallar. La Ley Orgánica de Seguridad Social está vigente desde el 30-12-2002, pero no ha sido aplicada porque el Ejecutivo nacional no tiene entre sus prioridades la seguridad social del pueblo venezolano. Si se aplica por retazos, sólo estaremos perdiendo beneficios. No habrá ninguna compensación. Si los consejos universitarios aceptan hoy la aplicación parcial de un artículo de dicha Ley–en este caso el 119 en su parte final- mañana permitirán la aplicación parcial de otras disposiciones como por ejemplo, que dejemos de cotizar en los Institutos de Previsión o lo hagamos sin aporte patronal, o que los docentes que hayan ingresado a partir de enero de 2003 queden fuera de dichos Institutos y no se afilie más nadie, porque así lo establece la misma Ley.
La decisión del CNU de que las universidades nacionales desapliquen los estatutos de pensiones y jubilaciones eliminando la obligación contributiva del personal jubilado como lo establece la parte final del artículo 119 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, no constituye un mandato de obligatorio cumplimiento para las universidades, ya que al respecto el CNU no tiene potestad alguna. En estricto rigor, se trata de una recomendación. Corresponde a los consejos universitarios tomar esa decisión, lo cual deben hacer con conocimiento de causa y conciencia de las graves consecuencias de esta medida para la seguridad social del profesorado, que aquí hemos esbozado, así como del peligro que ella representa para la autonomía universitaria. En efecto, si las universidades acatan sin más la decisión del CNU, estarán entregándole al ministro y sus mayorías circunstanciales, sus facultades en materia de reglamentación y decisión autónomas.
Invitamos a los Representantes Profesorales ante los Consejos Universitarios y sus equivalentes, al Presidente del Consejo Nacional de Profesores Universitarios Jubilados, a los Presidentes de los Consejos de Profesores Jubilados de las Universidades, al Coordinador de Núcleos de Fondos de Pensiones y Jubilaciones y a los Presidentes de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones, a una Junta Directiva ampliada de FAPUV el día 25 de septiembre de 2008, a las 9 am, en nuestra sede en Caracas, únicamente para discutir este punto. Les rogamos encarecidamente que participen y agradecemos puntual asistencia.
TIPS
· El Comité Ejecutivo de FAPUV se movilizó a la ciudad de Mérida los días 09 y 10 de septiembre, para participar en una reunión con APULA y con el Vicerrector Académico electo, profesor Manuel Dagert, en la cual se discutió la grave situación de vulneración de la autonomía de la ULA, causada por la decisión de la Sala Electoral que impidió la juramentación del mencionado profesor y obligó al Vicerrector saliente a permanecer en el cargo. También asistimos a los distintos actos con motivo de la toma de posesión de las nuevas autoridades de la ULA, como muestra del respaldo del gremio a su democracia. En ellos, pudimos apreciar una multitudinaria participación y disposición de la comunidad para defender su institución y los principios de democracia y autonomía que la definen. Queremos, por este medio, felicitar a las autoridades entrantes y desearles éxito en su gestión; así mismo, llamamos a la solidaridad con la ULA y exhortamos a los líderes y grupos de nuestras universidades a evitar la judicialización de sus diferencias, porque ella conduce siempre a intervenciones externas nefastas para la ya bastante vapuleada autonomía universitaria.
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· Para el próximo 24 de septiembre, en horas de la mañana, está convocada la reunión de la comisión OPSU-FAPUV. Invitamos a nuestros agremiados a estar atentos a los resultados de dicha reunión. Igualmente, los animamos a ponerse en contacto con sus asociaciones para incorporarse a los comités de conflicto regionales que, en cumplimiento del mandato del Consejo Superior de la FAPUV, ya se están constituyendo con la participación voluntaria y entusiasta de los docentes de las instituciones universitarias de cada estado del país.
· Estamos estrenando blog (http://fapuv.blogspot.com), nuevo instrumento para la participación, el debate y el intercambio con nuestras asociaciones y agremiados.
COMITÉ EJECUTIVO
“ES FAPUV UNA TIERRA DE HORIZONTES ABIERTOS EN LA CUAL SE SIEMBRAN LUCHAS Y SE COSECHAN DERECHOS”
fapuv@cantv.net http://fapuv.blogspot.com/ www.fapuv.org.ve
Para una mejor comprensión del problema, es preciso recordar que la reglamentación del régimen de pensiones y jubilaciones por parte de las universidades, de acuerdo con sus facultades, tiene su origen legal en el artículo 102 de la Ley de Universidades. En 1976, el CNU dictó las pautas para la creación en cada universidad de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones con recursos de la institución provenientes del presupuesto, y aportes de los profesores, tanto activos como jubilados. El objeto único y exclusivo de los fondos era y es, claramente, el pago de las pensiones y jubilaciones causadas, por taquilla propia. Cada una de las universidades que asumió esta pauta de creación del Fondo, dictó su propio Reglamento, donde este objeto es expreso.
En su reglamentación del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, las universidades establecieron, además, cómo se integra la Junta Directiva del Fondo y definieron un porcentaje de contribución por parte de los profesores, lo cual varía de una institución a otra. El agente de retención de esta contribución son las universidades, no los fondos. En cuanto a la personalidad jurídica, algunos fondos son asociaciones, otros son fundaciones. Una disposición establece que hasta que los fondos puedan pagar la totalidad de las pensiones, las universidades continuarán haciéndolo, y los fondos deberán ayudar a las universidades con un porcentaje de su utilidad neta. Algunos fondos lo han hecho, otros no; así como algunas universidades aportan a los fondos y otras no. Y muchos fondos sólo conocen el monto global de la retención que hacen las universidades. La realidad es, como se puede apreciar, bastante más compleja de lo que parece comprender el CNU cuando toma la decisión que tomó.
En esta circunstancia, FAPUV no está entrando a considerar, analizar o defender las particularidades de cada Fondo. Lo que nos planteamos como gremio nacional, porque peligra gravemente con esta decisión del CNU, es la defensa del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de las Universidades Nacionales. Si lo perdemos, el próximo paso del gobierno será pasar al personal docente jubilado al Ministerio de Finanzas –propósito éste que no es ningún secreto-, y quitarle o limitarle sus derechos políticos en las universidades. Es decir, sacarlo de la comunidad universitaria. ¿A cambio de qué? De 4, de 5 millones de bolívares que no van a resolver tampoco la situación dramática que viven nuestros jubilados, producto de la nefasta política de congelación del salario, es decir, de disminución acelerada de nuestro salario real, que mantiene el gobierno nacional.
Esta decisión del CNU no sólo puede acabar con nuestro Régimen de Pensiones y Jubilaciones. Si los consejos universitarios deciden instrumentarla, estarán abriendo las compuertas para la desaparición de la Seguridad Social del Personal Docente de las Universidades, conquistada a través años de lucha y trabajo gremial, y que todavía disfrutamos, precisamente, debido a esa perseverancia, ese esfuerzo y ese constante batallar. La Ley Orgánica de Seguridad Social está vigente desde el 30-12-2002, pero no ha sido aplicada porque el Ejecutivo nacional no tiene entre sus prioridades la seguridad social del pueblo venezolano. Si se aplica por retazos, sólo estaremos perdiendo beneficios. No habrá ninguna compensación. Si los consejos universitarios aceptan hoy la aplicación parcial de un artículo de dicha Ley–en este caso el 119 en su parte final- mañana permitirán la aplicación parcial de otras disposiciones como por ejemplo, que dejemos de cotizar en los Institutos de Previsión o lo hagamos sin aporte patronal, o que los docentes que hayan ingresado a partir de enero de 2003 queden fuera de dichos Institutos y no se afilie más nadie, porque así lo establece la misma Ley.
La decisión del CNU de que las universidades nacionales desapliquen los estatutos de pensiones y jubilaciones eliminando la obligación contributiva del personal jubilado como lo establece la parte final del artículo 119 de la Ley Orgánica de Seguridad Social, no constituye un mandato de obligatorio cumplimiento para las universidades, ya que al respecto el CNU no tiene potestad alguna. En estricto rigor, se trata de una recomendación. Corresponde a los consejos universitarios tomar esa decisión, lo cual deben hacer con conocimiento de causa y conciencia de las graves consecuencias de esta medida para la seguridad social del profesorado, que aquí hemos esbozado, así como del peligro que ella representa para la autonomía universitaria. En efecto, si las universidades acatan sin más la decisión del CNU, estarán entregándole al ministro y sus mayorías circunstanciales, sus facultades en materia de reglamentación y decisión autónomas.
Invitamos a los Representantes Profesorales ante los Consejos Universitarios y sus equivalentes, al Presidente del Consejo Nacional de Profesores Universitarios Jubilados, a los Presidentes de los Consejos de Profesores Jubilados de las Universidades, al Coordinador de Núcleos de Fondos de Pensiones y Jubilaciones y a los Presidentes de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones, a una Junta Directiva ampliada de FAPUV el día 25 de septiembre de 2008, a las 9 am, en nuestra sede en Caracas, únicamente para discutir este punto. Les rogamos encarecidamente que participen y agradecemos puntual asistencia.
TIPS
· El Comité Ejecutivo de FAPUV se movilizó a la ciudad de Mérida los días 09 y 10 de septiembre, para participar en una reunión con APULA y con el Vicerrector Académico electo, profesor Manuel Dagert, en la cual se discutió la grave situación de vulneración de la autonomía de la ULA, causada por la decisión de la Sala Electoral que impidió la juramentación del mencionado profesor y obligó al Vicerrector saliente a permanecer en el cargo. También asistimos a los distintos actos con motivo de la toma de posesión de las nuevas autoridades de la ULA, como muestra del respaldo del gremio a su democracia. En ellos, pudimos apreciar una multitudinaria participación y disposición de la comunidad para defender su institución y los principios de democracia y autonomía que la definen. Queremos, por este medio, felicitar a las autoridades entrantes y desearles éxito en su gestión; así mismo, llamamos a la solidaridad con la ULA y exhortamos a los líderes y grupos de nuestras universidades a evitar la judicialización de sus diferencias, porque ella conduce siempre a intervenciones externas nefastas para la ya bastante vapuleada autonomía universitaria.
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· Para el próximo 24 de septiembre, en horas de la mañana, está convocada la reunión de la comisión OPSU-FAPUV. Invitamos a nuestros agremiados a estar atentos a los resultados de dicha reunión. Igualmente, los animamos a ponerse en contacto con sus asociaciones para incorporarse a los comités de conflicto regionales que, en cumplimiento del mandato del Consejo Superior de la FAPUV, ya se están constituyendo con la participación voluntaria y entusiasta de los docentes de las instituciones universitarias de cada estado del país.
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